Sin embargo, esto no quiere decir que está por fuera de nuestro ordenamiento jurídico y que, por tanto, los contratantes podrían abusar de la figura. Por el contrario, este acuerdo comercial está enmarcado dentro de nuestra normatividad colombiana, está protegida por la constitución y las leyes.

En virtud del principio de la autonomía privada de la voluntad, los particulares tienen la facultad de crear normas jurídicas que los vinculen directamente, tal y como lo haría una ley del Congreso. Así pues, franquiciado y franquiciante podrán válidamente establecer las pautas que regularán sus relaciones comerciales.

Obviamente, esta facultad no es absoluta, sino que debe estar enmarcada dentro del ordenamiento jurídico colombiano. Por ello, los pactos no podrán ir en contra de las normas imperativas, del orden público, las buenas costumbres, y deberán desenvolverse bajo el principio de la buena fe comercial.

Al tener claro estos presupuestos, podremos entrar a analizar las normas que le resultan aplicables a algunos aspectos del contrato de franquicia. Ellas son: